Categoria: Economia

Para evitar un inminente nuevo golpe de estado

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El eminente jurista Fábio Konder Comparato en una entrevista a Carta Capital del 12 de abril de 2017, considera que debido a la desmoralización de los líderes políticos y la corrupción generalizada “es muy posible otra intervención extralegal para evitar la continuación de todo esto; no está fuera de la cuestión un nuevo golpe de Estado”.

Los agentes de este nuevo golpe serían, según Comparato, los empresarios (la minoría rica) y los propietarios, por un lado, y por otro, los principales agentes del estado. Por agentes del estado deduzco que se trata del Ministerio Público, del Colegio de Abogados y añadiría la Policía Federal y algunos ministros del STF.

Mi temor es que los grupos mencionados anteriormente utilicen la misma estrategia que estuvo en vigor en 1964: las oligarquías utilizaron el poder militar para dar un golpe de clase, como muestra irrefutablemente René Dreifuss en su tesis de Glasgow, La conquista del Estado, acción política, poder y golpe de clase (Voces 1981, 841 págs.): “lo que ocurrió en Brasil no fue un golpe militar, sino un golpe de clase con uso de la fuerza militar” (p.397).

La confusión total de la política actual, corroída por la corrupción de arriba a abajo, desenmascarada por las denuncias de Odebrecht (faltan aún por venir) hace altamente problemática la continuidad del actual gobierno. La ilegitimidad del presidente y de gran parte de los parlamentarios de las dos Cámaras por cargos de delitos graves, convierten en vergonzosa la celeridad de los cambios, claramente antipopulares e incluso inconstitucionales.

Este golpe se puede dar en cualquier momento, pues los empresarios están sintiéndose perjudicados, especialmente en los niveles habituales de alta acumulación. Queda por saber si los militares aceptarían tan espinosa tarea. Pero se sienten los guardianes de la República, ya que fueron ellos los que pusieron fin a la monarquía. En momentos tan graves como los actuales, pueden sentirse urgidos, aunque de mala gana, a tomar esta responsabilidad nacional.

Si esto ocurre, probablemente un triunvirato de generales asumiría el poder, clausuraría el Congreso, mandaría arrestar a los principales líderes políticos acusados de corrupción, no exceptuando, aunque dándole un tratamiento privilegiado al presidente Temer, retiraría coercitivamente a Gilmar Mendes, el más parcial de los ministros del STF, forzaría la renuncia de los gobernadores involucrados en la corrupción y establecería un sistema de “purga” de los corruptos y de sus aliados y empresarios corruptores y contaría, sin duda, con el apoyo de la prensa conservadora que siempre apostó por un golpe. Esto no contradice la política de los organismos de seguridad de Estados Unidos, especialmente bajo Donald Trump, pues estaría al servicio del “full spectrum dominance”. Lo que vendría después es una incógnita, porque el poder es uno de los arquetipos más tentadores de la psique humana. Los militares podrían no querer dejar el poder asumido.

Otra salida, aún dentro del marco democrático, sería convocar para este año elecciones generales porque el sujeto originario del poder es el pueblo que, al elegir a sus políticos, les daría legitimidad. Lava Jato continuaría llenando los tribunales de procesos en las diferentes instancias del poder judicial.

Otra vía sería la anulación por el TSF de la candidatura Dilma-Temer, seguida de una elección indirecta por el Parlamento de un nuevo presidente. No sabemos qué fuerza tendría al ser elegido indirectamente, con una base parlamentaria en gran medida desmoralizada y con varios casos criminales.

Una tercera vía, más radical, estaría inspirada por la Comisión de Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica, coordinada por el obispo Desmond Tutu, que presenté aquí como viable. En ella se trataba de conocer la verdad sobre los crímenes cometidos contra la población negra durante décadas, no excluidos los crímenes cometidos por los negros.

Tres ejes estructuraban el proceso: la verdad, la responsabilidad y la justicia restaurativa y curativa. Todo se hizo en el marco de un valor cultural común que nos falta: Ubuntu, que significa: yo sólo puedo ser yo a través de ti. Este valor daba y da cohesión a la sociedad de Sudáfrica, ya que supera el individualismo, típico de nuestra cultura occidental.

La verdad tenía dimensión factual: conocer los hechos tal como ocurrieron. Otra dimensión era personal: cómo la persona sentía subjetivamente el delito cometido. La tercera era social: cómo la sociedad interpretaba y analizaba la gravedad de los crímenes. Por último, la verdad restauradora y curativa: restauración moral del pasado y disposición a construir una nueva memoria.

Se concedió amnistía a los que reconocían públicamente la responsabilidad por los crímenes cometidos. La confesión pública de sus acciones era el gran castigo moral. Es la amnistía por la verdad que tiene una función reparadora y curativa, rehacer el tejido social y estar dispuesto a no cometer los mismos crímenes bajo el lema “para que no se olvide y para que no vuelva a suceder”. Para los crímenes contra la humanidad había castigo legal conveniente y no había amnistía.

Se discutió entonces y todavía se discute hoy: si la ley no castiga a los que delinquen ¿no se devalúa la noción misma del imperio de la ley, base de un estado de derecho?

Aquí, en vista del Ubuntu, de mantener la cohesión y no dejar heridas abiertas, se alcanzó un compromiso pragmático entre la dimensión política y la dimensión del principio.

Lógicamente, no existe un orden legal, necesario, sin el cual la sociedad se vuelve caótica. Pero ella reposa en un orden ético y axiológico. Este fue invocado. Esto significa ir más allá del discurso jurídico y político y entrar en el campo antropológico profundo, de los valores que dan un sentido trascendente a la vida personal y social. Es un acto de confianza en el ser humano que es redimible. Eso es lo que mostró Hannah Arendt en Jerusalén con motivo del juicio y condenación de Eichmann, el exterminador de los judíos bajo el régimen nazi. Ella adujo el valor del perdón, no exactamente como valor religioso, sino como capacidad humana para poder librarse de la dependencia del pasado y abrir una nueva página de la historia colectiva.

Tales procedimientos podrían aplicarse al caso brasileño. Marcelo Odebrecht y su padre Emilio Odebrecht reafirmaron que prácticamente todos los políticos (con excepciones conocidas por su integridad ética) fueron elegidos a través de la caja 2. La caja 2 se considera un delito en virtud del artículo 350 del Código Electoral y el artículo 317 del Código Penal. Esto es lo que ha repetido muchas veces la presidenta del Tribunal Supremo.

Debido, sin embargo, a la corrupción que se generalizó y afectó a la gran mayoría de los partidos, se podría aplicar una amnistía en los moldes de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica. Todo el que se aprovechó de la caja 2 confesaría su delito en público y manifestaría su propósito de no volver a recurrir a este recurso para ser elegido. La revelación de sus nombres y su confesión pública sería un castigo moral real.

Otra cosa, sin embargo, es el soborno recibido de las empresas con la promesa de darles ventajas legales y la corrupción como desvío de los fondos públicos, millones y millones, hasta el punto de arruinar un estado como Río de Janeiro. Aquí se trata directamente de delitos que deben ser procesados y castigados de manera adecuada y, sobre todo, recuperar para las arcas públicas el dinero robado. En este contexto ha habido crímenes de lesa humanidad como los 300 millones desviados de la Salud de Río de Janeiro que, evidentemente, han perjudicado a miles de personas, causando muchas muertes. Para estos, las penas más severas.

Este camino sería muy humanitario, fortalecería nuestra democracia que siempre ha sido de baja intensidad y traería una atmósfera moral y ética al campo de la política, como búsqueda colectiva del bien común.

La crisis actual de la política brasileña, oscureciendo cualquier futuro esperanzador, nos obliga a pensar y a buscar posibles formas de evitar una convulsión social de consecuencias imprevisibles. Este es el significado de estas reflexiones.

*Leonardo Boff es profesor emérito de ética de la UERJ y dr.h.c. en ciencias políticas por la Universidad de Turín, título otorgado por Norberto Bobbio.

Traducción de Mª José Gavito Milano

Para evitar um eminente novo golpe de Estado

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O eminente jurista Fábio Konder Comparato numa entrevista na Carta Capital de 12 de abril de 2017 ponderou que face à desmoralização dos dirigentes politicos e da corrupção generalizada “é bem possível outra intervenção extralegal para impedir a continuação disso tudo; não está fora de cogitação um novo golpe de Estado”.

Os agentes desse novo golpe seriam, segundo Comparato, “os empresários (a minoria rica) e os proprietarios por um lado, e por outro, os principais agentes do Estado. Para agentes de Estado deduzo que se trataria do Ministério Público, da OAB e acrescentaria ainda a Polícia Federal e alguns ministros do STF.

Meu temor é que os grupos acima citados utilizem a mesma estratégia que vigorou em 1964: as oligarquias usaram o poder militar para dar um golpe de classe como foi mostrado de forma irrefutável por René Dreifuss: na sua tese de Glasgow:”A conquista do Estado, ação política, poder e golpe de classe” (Vozes 1981, 841 pp.):”o que houve no Brasil não foi um golpe militar, mas um golpe de classe com uso da força militar”(p.397).

A barafunda total da atual política, corroída pela corrupção de cima abaixo, desmascarada pelas delações da Odebrecht (outras ainda virão) torna a continuidade do atual governo altamente problemática. A ilegitimidade do presidente e de grande parte dos parlamentares das duas Casas, sob acusação de graves delitos, torna vergonhosa a celeridade conferida às mudanças, claramente anti-populares e até anticonstitucionais.

Esse golpe pode ser dado a qualquer momento, pois os empresários estão eles mesmos se sentindo prejudicados especialmente nos níveis costumeiros de alta acumulação. Resta saber se os militares aceitariam tão espinhosa tarefa. Mas eles se sentem os guardiães da República, pois foram eles que puseram fim à Monarquia. Em momentos tão graves como os atuais, poderão se sentir urgidos, mesmo a contragosto, a assumir esta responsabilidade nacional.

Se isso ocorrer, provavelmente um triunvirado de generais assumiria o poder, fecharia o congresso, mandaria prender os principais políticos acusados de corrupção, não poupando, apenas dando uma forma privilegiada ao presidente Temer, aposentaria coercitivamente Gilmar Mendes o mais parcial dos ministros do STF, obrigaria a renúncia dos governadores implicados em corrupção e instauraria um regime de “purga” dos corruptos e de seus aliados e empresários corruptores e contaria, seguramente, com o apoio da imprensa conservadora que sempre apostou num golpe. Isso não é contraditório com a política dos órgãos de segurança dos USA, especialmente sob Donald Trump pois estaria a serviço “full spectrum dominance”. O que viria depois, seria uma incógnita pois o poder é um dos arquétipos mais tentadores da psiqué humana. Os militares poderiam não querer mais sair do poder assumido.

Outra saída, ainda dentro do marco democrático, seria a convocação para esse ano ainda de eleições gerais, pois o sujeito originário do poder é o povo que, ao escolher seus politicos, lhes conferiria legitimidade. A Lava Jato continuaria com sua devassa enchendo os tribunais de processos, nas várias instâncias do judiciário.

Uma outra via seria a anulação pelo TSE da candidatura Dilma-Temer, seguida de uma eleição indireta pelo Parlamento de um novo Presidente. Não saberíamos que força teria ele, uma vez que foi eleito de forma indireta, com uma base parlamentar amplamente desmoralizada e sob vários processos criminais.

Uma terceira via, mais radical, seria inspirada pela Comissão da Verdad e da Reconciliação da África do Sul, coordenada pelo bispo Desmond Tutu que aqui apresento como viável. Ai se tratava de conhecer a verdade sobre os crimes cometidos contra a população negra por dezenas de anos não excluídos também crimes perpetrador por negros.

Três eixos estruturavam o processo: a verdade, a responsabilização e a justiça restaurativa e curativa. Tudo era feito sob o arco de um valor cultural comum que nos falta: o Ubuntu que significa: eu só posso ser eu através de você. Esse valor conferia e confere coesão à sociedade da Africa do Sul, pois de saída supera o individualism, típico de nossa cultura ocidental.

A verdade tinha a dimensão factual:conhecer os fatos como se passaram. Outra dimensão era a pessoal: como a pessoa subjetivamente sentia o crime cometido. A terceira era a social: como a sociedade interpretava e discutia a gravidade dos crimes. Por fim, a verdade restaurativa e criativa: reprovação moral do passado e disposiçãode construir uma nova memória.

A anistia era concedida àqueles que reconheciam publicamente a responsabilidade pelos crimes cometidos. A confissão pública de seus atos era a grande punição moral. É a anistia pela verdade que possui uma função restaurativa e curativa: refazer o tecido social e dispor-se a não mais cometer os mesmos crimes sob o lema: “para que não se esqueça e para que nunca mais aconteça”. Para crimes contra a humanidade havia a punição legal conveniente e não vigorava a anistia.

Discutia-se então e ainda hoje se discute: se a lei não pune os que transgrediram, não desvalorizaria a própria noção do império de lei, base de um Estado de direito?

Aqui, em vista do Ubuntu, de manter a coesão e não deixar chagas abertas, chegou-se a um compromisso pragmático entre a dimensão política e a dimensão do princípio.

Logicamente, existe uma ordem legal, necessária sem a qual a sociedade se torna caótica. Mas ela repousa sobre uma ordem ética e axiológica. Esta foi invocada. Isso implica ir além do discurso jurídico e político e entrar no campo antropológico profundo, dos valores que dão um sentido transcendente à vida pessoal e social. Trata-se de um ato de confiança no ser humano de que ele é resgatável. Foi o que mostrou Hannah Arendt em Jerusalém por ocasião do juízo e condenação de Eichmann, o exterminador de judeus sob o regime nazista. Ela arrolou o valor do perdão, não propriamente como valor religioso, mas como capacidade humana de poder livrar-se da dependência do passado, e inaugurar uma nova página da história coletiva.

Tais procedimentos poder-se-iam aplicar ao caso brasileiro. Marcelo Odebrecht e seu pai Emílio Odebrecht reafirmaram que praticamente todos os políticos (com exceções conhecidas por sua inteireza ética) se elegeram pela via do caixa 2. O caixas 2 é tipificado como crime pelo artigo 350 do Código Eleitoral e pelo artigo 317 do Código Penal. Foi o que tem repetido muitas vezes a Presidente do STF.

Pelo fato, porém, de a corrupção ter-se generalizado e afetado a grande maioria dos partidos, poder-se-ia aplicar uma anistia nos moldes da Comissão da Verdade e da Reconciliação da África do Sul. Todos os que se valeram do caixa 2 viriam a público, confessariam tal crime e manifestariam o propósito de não mais recorrer a este expediente para eleger-se. A revelação de seus nomes e sua confissão pública seria uma verdadeira punição moral.

Outra coisa, entretanto, é a a propina recebida de empresas com promessa de dar-lhes vantagens legais e a corrupção como desvio de dinheiro público, aos milhões e milhões, a ponto de levar à falência um estado como o Rio de Janeiro. Aqui se trata diretamente de crimes que devem ser adequadamente julgados e punidos e mais que tudo recuperar para os cofres públicos o dinheiro roubado. Neste âmbito ocorreram crimes de lesa-humanidade como os 300 milhões desviados da Saúde do Rio de Janeiro que, obviamente, tem prejuficado milhares de pessoas, levando muitas à morte. Para esses cabem as penas mais severas.

Este caminho seria altamente humanitário, reforçaria nossa democracia que sempre foi de baixa intensidade e traria uma atmosfera moral e ética para o campo da política, como busca comum do bem comum.

A atual crise da política brasileira, obnubilando qualquer futuro esperançador, nos obriga a pensar e a busar saídas possíveis que evitem uma convulsão social de consequências imprevisíveis. É o sentido destas minhas reflexões.

Leonardo Boff é ex-professor de ética da UERJ e dr.h.c. em ciência política pela Universidade de Turim, título concedido por Norberto Bobbio.

“Não está fora de cogitação um novo golpe”: Fábio Konder Comparato

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Fábio Konder Comparato é um dos nossos juristas mais brilhantes cuja obra jurídica em direitos humanos e ética está à altura das grandes produções dos centros metropolitanos do saber. Sua advertência sobre a situação do Brasil merece ser considerada pois conhece muito bem a lógica perversa da política das oliquarquias e das elites endinheiradas de nosso país, sempre conjugadas com outras forças suplementares. A situação atual em parte provocada por elas é de tal gravidade que até para elas se torna insuportável. Daí sua advertência: a saída da crise poderá ver por uma via extra legal. Que não seja pela via militar, não aventada por ele, mas temida por mim. Vale ler esta pequena entrevista deste sábio:Lboff

Entrevista à Carta Capital a Debora Melo- dia 12/04/2017

Konder Comparato: “Não está fora de cogitação um novo golpe”

O jurista Fábio Konder Comparato não nutre esperança em relação à crise política. A instrução dos processos a partir da lista de Luiz Fachin, relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), vai demorar.

O governo, de pouca legitimidade, e o Congresso desmoralizado continuarão a aprovar reformas “inconstitucionais”, salvo uma intervenção do Ministério Público ou da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Os políticos buscarão formas de escapar das acusações. E mais: Comparato não descarta um novo golpe de Estado.

CartaCapital: A divulgação da lista do ministro Luiz Fachin tira, de alguma forma, a legitimidade do governo para fazer reformas como a trabalhista e a da Previdência?

Fábio Konder Comparato: Este governo nunca teve legitimidade. Vivemos, no mundo todo, uma situação de total falta de rumo da política. Do lado da direita, a fachada democrática do sistema capitalista rui e todos percebem que não têm nenhum poder, nem mesmo de livre eleição de representantes.

Do lado da esquerda, a ideia fundamental de que haveria uma luta de classe entre a burguesia e o proletariado torna-se inaplicável, uma vez que o proletariado em si praticamente não existe como força política.

CC: O senhor disse que o governo nunca teve legitimidade. E o Congresso, que será o responsável pela aprovação dessas reformas? Há 71 parlamentares na lista.

FKC: Grande parte dessas reformas é inconstitucional. Eles não querem de maneira nenhuma enfrentar esse problema e, se enfrentarem, terão o Judiciário a favor.

CC: Os projetos continuam a tramitar…

FKC: Exato. Trata-se, porém, de saber se haverá ou não uma reação por parte do Ministério Público ou da OAB, por exemplo.

CC: E no Congresso? A discussão e a aprovação dessas reformas pode perder força com a divulgação da lista?

FKC: Os parlamentares vão empurrar com a barriga e fazer o possível para a Lava Jato não avançar em relação a eles. Agora será feita a instrução desses inquéritos. Vai levar um tempo considerável. É bem possível outra intervenção extralegal para impedir a continuação disso tudo. Não está fora de cogitação um novo golpe de Estado.

CC: De onde viria esse golpe?

FKC: Da oligarquia, basicamente. A oligarquia no Brasil é composta de dois grupos intimamente associados: os empresários e os proprietários, de um lado, e os principais agentes do Estado, do outro. Evidentemente a Lava Jato desmoraliza ambos os grupos.

CC: Qual seria uma solução possível para a crise política?

FKC: A solução não é rápida. Trata-se de lutar contra dois fatores fundamentais de organização da sociedade: de um lado, o que eu chamo de poder oligárquico, ou seja, o poder da minoria rica, estreitamente ligada às instituições do Estado.

De outro, a mentalidade coletiva, que não é favorável à democracia. Ela nunca existiu no Brasil, pois o povo se considera inepto, incapaz de tomar grandes decisões. Tivemos quase quatro séculos de escravidão, o que criou na mentalidade popular aquela ideia fundamental de que quem pode, manda, obedece quem tem juízo.

 

Un stato d’eccezione si consolida a grandi passi

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Wadih Damous, deputato federale del PT e avvocato è uno dei più agguerriti critici dell’attuale governo, che è la conseguenza di un golpe parlamentare forgiato da quelle forze politiche, articolate con il sistema giuridico-poliziesco che mai hanno accettato un presidente che veniva dal piano di sotto e rappresentava i sopravvissuti della tragedia brasiliana, le profonde diseguaglianze sociali, la grande popolazione negra e coloro che solitamente erano sempre messi ai margini. Improvvisamente, attraverso i cambiamenti sociali indotti dalle politiche dei governi Lula-Dilma, milioni hanno potuto essere integrati e riscattare la loro dignità. Negare questo fatto storico è mentire alla realtà, internazionalmente riconosciuta. Ma la cecità dei pochi signorotti miliardari e dei loro succubi, impedisce di vedere questi loro fratelli e sorelle affondati nella sofferenza e nella miseria.

Un congresso composto in gran maggioranza da colpevoli, da imputati in processi giudiziari e di corrotti mai avrebbe autorità e legittimità di alterare la costituzione come stanno facendo adesso. Un tale fatto rivela soltanto il nostro ritardo di civiltà e la farsa della nostra democrazia rappresentativa. Gli manca dignità, anzi peggio, non hanno nemmeno vergogna. Mi permetto di trascrivere un articolo analitico del deputato Wadih Damous.

Faccio mie le sue parole “nei dispositivi costituzionali attinenti alla competenza dei diversi organi del potere giudiziario, non si trova il verbo “combattere” mettetela come vi pare. Tocca al potere giudiziario processare e giudicare i fatti che gli sono attribuiti d’accordo con la competenza specifica di ogni organo giurisdizionale. Punto.

Nel ruolo delle funzioni istituzionali del Pubblico Ministero (MP) art. 129 e incisi, ugualmente non incontriamo il suddetto verbo. In verità non tocca al PM “combattere” nessuna cosa ma invece agire d’accordo con le sue funzioni istituzionali espressamente previsto nel testo costituzionale. Punto.

L’attribuzione di combattere gli illeciti penali appartiene all’istituzione di polizia.

Fa paura, quindi, la naturalezza con cui gli agenti pubblici-giudici e procuratori della repubblica– si sono auto attribuiti il compito di combattere la corruzione.

Ma anche altri autori, alcuni appartenenti alla sfera della sinistra, riconoscono in quegli agenti la prerogativa di possedere una “agenda politica”, qualunque cosa essa significhi.

Membri del Pubblico Ministero e della magistratura con “agenda politica” si spiega solo nell’ambito di uno stato di eccezione che si consolida a passi giganteschi in Brasile.

Nelle democrazie consolidate è impensabile ammettere che procuratori e giudici si organizzino la cosidetta “agenda politica”. Come detto sopra, giudici e procuratori stanno sottomessi a regole di competenza previste nella Costituzione, in forma espressa e esaustiva. Inventare o attribuire a se stessi competenze diverse significa tuffarsi nello stato di eccezione.

Quello che vediamo oggi, con base in questa mostruosa “agenda politica” è la pratica di vere atrocità giuridiche commesse da giustizieri mascherati da togati e da procuratori messianici con la missione di “salvare il Brasile dalla piaga della corruzione”. Da lì l’idea delirante di un “tour de force”, in cui non si distingue più il ruolo di polizia, giudizio e l’accusa. Con questo si ignora il diritto della difesa e si feriscono a morte diritti e garanzie fondamentali.

Nel nome di “salvare il paese”, certi giudici non si distinguono dall’accusa. La equidistanza costituzionale che il magistrato deve mantenere tra difesa e accusa diventa lettera morta. Da lì a concludere patologicamente, che le prove non sono necessarie, visto che oramai le convinzioni sono acquisite, è un passo.

Nell’anarchia che lo stato di eccezione ha prodotto dentro al sistema di giustizia la politica è stata sequestrata da delegati di polizia, procuratori e giudici. Incensati e inebriati dai riflettori dei media monopolizzati, hanno perso tutto e qualsiasi stimolo in relazione ai confini del loro ufficio. Si sono trasformati in stelle del monopolio mediatico, da cui ricevono e premi e con decorazioni, posano per fare fotografie con investigati e accusati e sempre pronti a dare suggerimenti su tutti gli argomenti della politica nazionale.

Se per caso considerano di fatto la militanza politica come essenziale alla loro vita, allora abbandonino le loro toghe e facciano la politica come militanti oppure si candidino come consiglieri comunali, come deputati, senatori, governatori o presidenti. Disputino il voto e la preferenza dell’elettorato. Frattanto a giudicare dal livello morale medio che mostrano, dubito che siano capaci di un gesto di simile grandezza”.

*Leonardo Boff è columnist del JB on line

Traduzione di Romano Baraglia-Lidia Arato.