Los 55 años del golpe militar, por la violencia que implicó, ahora debidamente puesta en claro por la Comisión Nacional de la Verdad, no puede dejar indiferente a ningún ciudadano consciente. Es importante señalar claramente que el asalto al poder fue un crimen contra la Constitución y una usurpación de la soberanía popular, fuente del derecho en un Estado democrático.

El primer Acta Institucional del 9/4/1964 desechó el principio de la soberanía popular al declarar que “la revolución victoriosa como Poder Constituyente se legitima por sí misma”. Ningún poder se legitima por sí mismo, sólo lo hacen los dictadores, que pisotean cualquier derecho. El golpe militar configuró la ocupación violenta de todos los aparatos del Estado para, a partir de ellos, montar un orden regido por actos institucionales, por la represión y por un Estado de terror.

Bastaba la sospecha de que alguien fuera subversivo para ser tratado como tal. Incluso los que eran detenidos y secuestrados por error, como los campesinos inocentes, eran maltratados y torturados. Muchos no lo resistieron y su muerte equivale a un asesinato. No debemos pasar de mencionar a los olvidados de los olvidados que fueron los 246 campesinos muertos o desaparecidos entre 1964-1979. Y ahora se está descubriendo la eliminación de muchos indígenas, considerados como impedimento para el crecimiento económico. Sobre algunos de ellos se lanzaron hasta bombas de napalm.

Lo que los militares cometieron fue un crimen lesa patria. Alegan que se trataba de un estado de guerra, un lado queriendo imponer el comunismo y el otro defendiendo el orden democrático. Esta alegación no se sustenta. El comunismo nunca representó entre nosotros una amenaza real porque cualquier manifestación en este sentido era brutalmente reprimida, no sin el apoyo de la CIA estadounidense.

En la histeria colectiva del tiempo de la guerra fría, todos los que querían reformas en la perspectiva de los históricamente condenados y ofendidos ―las grandes mayorías obreras y campesinas― eran tachados de comunistas y de marxistas, como ocurre hoy en día con el actual régimen en el que las palabras “comunista” y “cultura marxista” se utilizan como términos de acusación y vituperio, como si estuviéramos todavía en el tiempo de la guerra fría de hace 30 años.

Obispos, como el nada sospechoso Dom Helder Cámara, sacerdotes que trabajaban en las favelas y religiosas en lo profundo de nuestro país, laicos y laicas defensores de los ideales democráticos y de los derechos humanos e intelectuales notables fueron sometidos a rigurosa vigilancia. Contra ellos no se ejercía sólo vigilancia. Muchos sufrieron persecución, prisión, interrogatorios desalentadores, el pau-de-arara feroz, los ahogamientos desesperantes. Los supuestos “suicidios” solo camuflaban el puro y simple asesinato.

En nombre del combate al peligro comunista se asumió la práctica comunista-estalinista de la brutalización de los detenidos. En algunos casos se usó el método nazi de incinerar los cadáveres, como admitió el ex agente del Dops de São Paulo, Cláudio Guerra.

Causa asombro y constituye hasta un problema filosófico la falta de remordimiento, con la que el coronel reformado Paulo Magalhães dijo a la Comisión Nacional de la Verdad haber actuado en la Casa de la Muerte de Petrópolis, haber torturado, asesinado, mutilado cadáveres y haber ocultado el cuerpo del diputado Rubens Paiva.

Rudof Höss, comandante del campo de exterminio nazi en Auschwitz, que según sus propios cálculos dice en su autobiografía (Kommandant in Auschwitz, 1961) que mandó a las cámaras de gas a cerca de un millón de judíos, tampoco mostraba ningún arrepentimiento. Se divertía tirando al azar sobre los prisioneros y luego lloraba como un niño al llegar a casa y saber que su pajarito preferido había muerto. Es el misterio de la iniquidad.

El Estado dictatorial militar por más obras que haya realizado (“el milagro económico” fue apropiado sólo para el 10% de la población, para los más ricos, en el marco de un espantoso ajuste salarial), hizo retroceder política y culturalmente a Brasil. Expulsó u obligó al exilio a nuestras más brillantes inteligencias y a nuestros artistas más creativos. Ahogó a los líderes políticos y alentó el surgimiento de lacayos que, oportunistas y destituidos de ética y de brasilidad, se vendieron al poder dictatorial a cambio de ganancias secundarias, que iban desde estaciones de radio a canales de televisión y otros beneficios sociales. Muchos de ellos todavía están ahí, políticamente activos y ocupando hasta altos cargos de la administración del Estado “democrático”.

Los que dieron el golpe de Estado deberían ser responsabilizados moralmente por ese crimen colectivo contra el pueblo brasileño, como varios juristas lo han pedido ya. Los militares imaginan que fueron ellos los principales protagonistas de esta hazaña nada gloriosa, como lo piensa todavía el actual presidente Jair Bolsonaro. En su indigencia analítica, apenas sospechan que, de hecho, fueron utilizados por fuerzas mucho más grandes que las suyas. “El poder no fue apropiado directamente por los militares para ellos mismos” ―dijo Tarso Genro, ex gobernador de Rio Grande do Sul, en una entrevista al Boletín Carta Mayor (30/3/2014)― “Fue un proyecto político de los sectores más conservadores y reaccionarios (burguesía nacional y los terratenientes) que tuvieron en las fuerzas armadas un apoyo y un protagonismo muy grande”.

René Armand Dreifuss escribió en 1980 su tesis de doctorado en la Universidad de Glasgow con el título 1964: La conquista del Estado, acción política, poder y golpe de clase (Vozes 1981). Se trata de un libro de 814 páginas, 326 de las cuales son copias de documentos originales. Mediante estos documentos queda demostrado que lo que hubo en Brasil no fue un golpe militar, sino un golpe de clase con uso de la fuerza militar.

A partir de los años 60 del siglo pasado, se formó el complejo IPES / IBAD / GLC. Explico: el Instituto de Investigaciones y Estudios Sociales (IPES), el Instituto Brasileño de Acción Democrática (IBAD) y el Grupo de Levantamiento de Coyuntura (GLC). Componían una red nacional que difundía ideas golpistas, compuesta por grandes empresarios multinacionales, nacionales, algunos generales, banqueros, medios de prensa, periodistas, intelectuales, la mayoría enumerados en el libro de Dreifuss. Lo que los unificaba, dice el autor, “eran sus relaciones económicas multinacionales y asociadas, su posicionamiento anticomunista y su ambición de readecuar y reformular el Estado” (p.163) para que fuera funcional a sus intereses corporativos. El inspirador de este grupo fue el maquiavélico General Golbery de Couto e Silva que ya “en 1962 preparaba un trabajo estratégico sobre el asalto al poder” (p.186).

La conspiración pues estaba en marcha hacía bastante tiempo. En el marco de la confusión política creada en torno a la renuncia del Presidente Jânio Quadros y la obstinada oposición al Presidente João Goulart, que proponía reformas de base y principalmente la reforma agraria, y por eso considerado como el portador del proyecto comunista, este grupo vio la ocasión apropiada para realizar su proyecto. Llamó a los militares para dar el golpe y tomar de asalto al Estado. Fue, por lo tanto, un golpe de la clase dominante, nacional y multinacional, usando el poder militar.

Concluye Dreifuss: “Lo ocurrido el 31 de marzo de 1964 no fue un mero golpe militar; fue un movimiento civil-militar; el complejo IPES / IBAD y oficiales de la ESG (Escuela Superior de Guerra) organizaron la toma del poder del aparato de Estado” (p. 397).

En concreto, afirma: “La historia del bloque de poder multinacional y asociados comenzó el 1 de abril de 1964, cuando los nuevos intereses realmente se convirtieron en intereses del Estado, adaptando el régimen y el sistema político y reformulando la economía al servicio de sus objetivos” (p.489). Todo el aparato de control y represión era accionado en nombre de la Seguridad Nacional que, en realidad, significaba la Seguridad del Capital.

El gran golpe de misericordia al régimen dictatorial fue la publicación, patrocinada por el Cardenal de San Paulo, Mons. Don Paulo Evaristo Arns, del libro “Brasil Nunca más” (1984), utilizando materiales de 770 procesos militares completos con un volumen de más de un millón de páginas. Ahí, en fuentes del propio sistema, aparecían las barbaridades cometidas en los sótanos de la dictadura.

Los militares inteligentes y nacionalistas, que los hay hoy en día, deberían darse cuenta de cómo fueron usados por aquellas élites oligárquicas y antipopulares que no buscaban realizar los intereses generales de Brasil sino alimentar su voracidad particular de acumulación bajo la protección del régimen autoritario de los militares.

La Comisión Nacional de la Verdad prestó un servicio esclarecedor al país al sacar a la luz toda esta trama. Ella simplemente está cumpliendo su misión de ser Comisión de la Verdad. No sólo de la verdad de hechos individualizados de violencia contra los derechos humanos, sino de la verdad del hecho mayor de la dominación de una clase poderosa (anti) nacional, asociada a la multinacional, para, bajo la égida del poder discrecional de los militares, realizar tranquilamente sus objetivos corporativos y excluyentes. Esto nos costó 21 años de humillación, de privación de libertad, perpetró asesinatos y desapariciones e impuso un pesado padecimiento colectivo. Esta clase actuó fuertemente en el impeachment de la Presidenta Dilma Rousseff y fue un elemento fundamental en la victoria de Jair Bolsonaro.

Por último, cabe escuchar las palabras de la abogada Rosa Cardoso, abogada y defensora de la prisionera política Dilma Rousseff y hoy integrante de la Comisión Nacional de la Verdad en una entrevista al Boletín Carta Mayor del 20/02/2014: “Primero quiero decir que las Fuerzas Armadas deberían pedir perdón a la sociedad brasileña, con lo que estarían asumiendo una posición civilizada y democrática, que es después de todo lo que se espera de los militares en el siglo XXI. Lamentablemente, hasta ahora, no recibimos ninguna señal, ningún mensaje, que nos indique que haya algún deseo por parte de los militares de pedir disculpas y de hacer una autocrítica política sobre su comportamiento”.
Tienen esta deuda con todo el pueblo brasileño y deberán saldarla un día. El 31 de marzo de 2019 presenciamos la exhibición de un vídeo, ordenado por el actual Presidente Bolsonaro, exaltando el golpe de 1964 usando los servicios oficiales del Estado. Antes había ordenado que en los cuarteles se celebrara este hecho, considerado por los historiadores como abominable, el golpe de 1964.

Desgraciadamente en 2019 subió a la Presidencia el excapitán Jair Bolsonaro. Este exalta sin vergüenza alguna la memoria del terrible torturador Ustra. En Estados Unidos dedica tempo a visitar la CIA, la agencia de información que tantos golpes orquestó en la década de los años 60 y posteriores en América Latina. En Chile, para sorpresa de toda la sociedad chilena y del propio presidente Piñera, saluda al dictador Pinochet y en Israel de Netanyahu apoya la represión de la población palestina. Esta figura atropella la Constitución, usa los medios digitales para difundir falsas noticias y alimentar el odio en la sociedad, irrespetando abiertamente las leyes. Como afirmó un magistrado de Río de Janeiro, Rubens R. Casara, vivimos en un “Estado pos-democrático” y en un “Estado sin ley” (títulos de dos libros suyos de 2018 y 2019).

Estamos ante la inminencia de una nueva toma del poder de Estado por las fuerzas militares, dada la degradación de la política oficial, inerte, inoperante y totalmente confusa. Tal vez no quisieran asumir un Estado fallido, pero por las circunstancias dramáticas de la desorganización social, la entrega de bienes comunes sociales que fundamentan la soberanía a grupos extranjeros y por la violencia difundida en toda la sociedad, es posibe que se sientan forzados a ello.

Nadie sabe hacia dónde vamos. Parece que estamos en un vuelo ciego y sin rumbo, pero creemos que Brasil es mayor que su actual crisis. Sacaremos duras lecciones de ella, pero saldremos más maduros, democráticos y amantes de esta porción sonriente y maravillosa del planeta Tierra que es Brasil.

*Leonardo Boff es teólogo, filósofo, escritor y presidente honorario del Centro de Defensa de Derechos Humanos de Petrópolis. Escribió: Brasil: concluir a refundación o prolongar la dependencia, Vozes 2018.

Dedico este texto a mi compañero de seminario Arno Preis, lleno de hambre de justicia y de libertad, asesinado en Paraiso do Norte (Goiás) el día 15/2/1972.

Traducción de Mª José Gavito Milano